València rechaza topar alquileres y cerrar pisos turísticos

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, rechazó en el pleno del 23 de octubre de 2026 declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado. Tampoco salieron adelante el cierre de pisos turísticos ni la implantación de una tasa turística municipal, propuestas defendidas por Compromís.

La decisión deja a València sin tope de precio para los nuevos contratos de alquiler. La declaración de zona tensionada, prevista en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, habría permitido controlar las rentas de los nuevos arrendamientos y aplicar un recargo de hasta el 150% del IBI a determinados pisos turísticos.

El mercado, en cifras

El alquiler medio en la ciudad ronda los 1.776 euros mensuales en octubre de 2026. El precio medio de venta alcanza los 4.575 €/m², un 23,5% más que hace un año, según la Cátedra UPV.

Lo que sí aprobó el pleno

En lugar de las propuestas rechazadas, el pleno respaldó mantener las normas urbanísticas aprobadas el 31 de marzo de 2026. El Ayuntamiento anunció además que incluirá en el presupuesto de 2027 ayudas para que las comunidades de propietarios modifiquen sus estatutos y puedan oponerse a alojamientos turísticos en bajos de edificios residenciales mixtos.

El consistorio pedirá también a la Generalitat que no inscriba alojamientos turísticos en el Registro de Turismo cuando el título constitutivo, los estatutos o un acuerdo de la comunidad prohíban esa actividad. Se trata de una solicitud, no de una norma autonómica en vigor. La petición abarca hoteles, apartamentos turísticos, albergues y viviendas de uso turístico.

Por último, el Ayuntamiento afirmó que seguirá inspeccionando apartamentos turísticos ilegales y ejecutando órdenes de cese.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien alquila una vivienda como residencia habitual puede seguir fijando libremente la renta inicial de los nuevos contratos mientras València no sea zona tensionada; las actualizaciones de contratos vigentes siguen sujetas a los límites estatales. Para los propietarios de pisos turísticos no hay cierre general, pero crece el riesgo: conviene revisar la licencia, el planeamiento aplicable y si los estatutos de la comunidad permiten el uso turístico. Las comunidades que quieran vetarlo necesitarán el acuerdo que exige la Ley de Propiedad Horizontal y deberán esperar a la convocatoria de ayudas de 2027.