La venta de vivienda protegida cae un 14% en julio

La compraventa de vivienda protegida en España se desplomó un 14,4% interanual en julio de 2026, hasta las 3.810 operaciones, según los datos publicados el 25 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística. Es la caída más pronunciada de todo el mercado residencial en ese mes.

El retroceso contrasta con el del resto del mercado. La compraventa total de vivienda bajó un 5,1% interanual en julio, hasta 61.417 operaciones, mientras que la vivienda libre cayó un 4,4%, con 57.607 transacciones. La vivienda protegida, con su desplome del 14,4%, se queda como el segmento más golpeado y reduce su peso hasta representar apenas el 6,2% del total de compraventas del mes.

El dato llega mientras el precio tasado de la vivienda protegida sigue subiendo. En el segundo trimestre de 2026 marcó un récord de 1.247 euros por metro cuadrado, un 5% más que un año antes. La combinación de menos operaciones y precios de tasación al alza estrecha aún más el margen para quienes buscan acceder a este tipo de vivienda.

El Gobierno mantiene en vigor ayudas específicas para la compra de vivienda protegida a través del Real Decreto 326/2026, aprobado el 22 de abril, que contempla subvenciones de hasta 15.000 euros o el 20% del coste de adquisición o autopromoción, con límites según la vivienda y el comprador. En paralelo, comunidades autónomas como Extremadura mantienen operativos sus trámites de informe de precio máximo para este tipo de viviendas, un procedimiento que sigue siendo obligatorio antes de formalizar la venta.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien tenga una vivienda protegida y quiera venderla se enfrenta a un mercado con menos compradores y menos rotación, lo que puede alargar los plazos de cierre de la operación. El precio de venta sigue sujeto a los límites legales del régimen de protección, con independencia de que la tasación suba: no cabe fijarlo libremente. Antes de firmar conviene revisar si la vivienda sigue bajo protección y qué autorización o visado autonómico exige la normativa aplicable en cada comunidad.