El PSOE cede a Junts y frenará desahucios de fondos buitre

El Gobierno y Junts negocian un real decreto de vivienda que incluiría la prohibición de desahucios cuando el inmueble pertenezca a un fondo buitre, según ha adelantado moncloa.com. El Ejecutivo pretende llevar el texto al Consejo de Ministros el martes 30 de septiembre de 2026, aunque el acuerdo con los de Carles Puigdemont sigue abierto y sin cerrar.

La medida más sensible del paquete es esa suspensión de desahucios ligados a grandes tenedores, acompañada de límites a su capacidad para seguir comprando vivienda. Junts ha endurecido su posición: ya no pide solo rebajas fiscales, sino restricciones directas sobre estos actores del mercado.

Las cifras sobre la mesa

Junts propone una deducción del 15% en el IRPF por la compra de vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente. La misma bonificación se aplicaría al alquiler habitual, dejando fuera el alquiler turístico y el de temporada.

El partido plantea además un 15% adicional por aportaciones a cuentas destinadas a la primera compra o a la rehabilitación, con un plazo máximo de cuatro años para materializarlas.

Quién quedaría dentro y quién fuera

Según las últimas informaciones, Junts acepta diferenciar entre fondos de inversión o empresas y propietarios particulares. La formación rechaza, en cambio, que la prohibición se extienda a cooperativas, empresas públicas o administraciones, algo que consideran una restricción excesiva.

Esa distinción es clave para entender el alcance real de la norma. Si prospera tal como la plantea Junts, la prohibición de desahucios se limitaría a viviendas en manos de fondos buitre o vehículos similares, dejando fuera al propietario individual.

La negociación avanza en paralelo a la presión generada por el caso de Maricarmen, que ha reactivado el contacto entre los partidos en las últimas semanas. El decreto, si se aprueba, previsiblemente necesitará convalidación parlamentaria posterior, según cómo se tramite finalmente.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Para el propietario particular, el riesgo regulatorio inmediato es limitado: la prohibición de desahucios se dirige a fondos buitre y grandes tenedores, no a quien alquila un piso propio. Los grandes tenedores sí podrían ver bloqueados desahucios de inquilinos vulnerables y frenadas nuevas adquisiciones.

Si las concesiones fiscales de Junts entran en el decreto final, propietarios que alquilen vivienda habitual podrían beneficiarse de la deducción del 15% en el IRPF. El contenido definitivo, no obstante, dependerá de cómo se cierre la negociación antes del 30 de septiembre.