Un impago de alquiler cuesta 2.430 € y 278 días al casero

El impago supone un agujero medio de 2.430 euros por expediente y tarda 278 días en cerrarse, algo más de nueve meses. Son los datos del balance del tercer trimestre de 2026 de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), que atribuye al impago el 96,8 % de todas las incidencias de alquiler que gestionó en España en ese periodo.

Los 278 días corresponden al tiempo medio necesario para recuperar el inmueble. La cifra de 2.430 euros recoge los costes asociados a esos expedientes y no incluye necesariamente la renta no cobrada durante el procedimiento, los daños, los suministros, los impuestos ni el coste de oportunidad de tener la vivienda bloqueada.

Son medias de expedientes de SEAG, es decir, de casos que ya requirieron gestión especializada. No equivalen a la pérdida de cualquier propietario español que sufra un impago.

Nuevo mecanismo para arrendatarios vulnerables

Desde el 8 de octubre de 2026 rige el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, publicado en el BOE el 20 de octubre. Introduce un mecanismo específico para los desahucios por impago cuando el inquilino está en situación de vulnerabilidad.

Tras la notificación judicial, la Administración competente dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o para pagar o consignar judicialmente las cantidades reclamadas, las rentas devengadas y las costas. Durante ese plazo se suspenden el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.

Si la Administración no ofrece vivienda ni paga a tiempo, queda subrogada como deudora. En ese caso no se ejecuta el lanzamiento y el contrato continúa mientras persista la vulnerabilidad y hasta su expiración.

A ello se suma la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión extraordinaria de desahucios para determinados hogares vulnerables.

Plazos del procedimiento

El primer impago ya permite iniciar un desahucio por falta de pago; no hace falta esperar varias mensualidades. Tras el requerimiento judicial, el arrendatario suele tener 10 días hábiles para pagar, desalojar u oponerse.

La duración real depende del juzgado, de la oposición del inquilino y de la vulnerabilidad. Las estimaciones publicadas van de 6 a 12 meses en procedimientos ordinarios y de 12 a 15 meses en determinados juzgados y casos vulnerables. Algunos superan los dos años.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Conviene presupuestar el riesgo de un impago como los 2.430 euros de coste medio más la renta que se deje de cobrar durante unos 278 días. En casos con vulnerabilidad acreditada, la nueva norma puede retrasar la recuperación efectiva de la vivienda, aunque abre una vía para cobrar lo adeudado mediante pago o consignación administrativa.

Desde el primer impago hay que guardar el contrato y las garantías, los recibos y requerimientos, las comunicaciones con el inquilino, los gastos y daños y la póliza de impago o el aval.