La oferta de alquiler permanente cae un 10% en España

La oferta de alquiler permanente en España se redujo un 10% interanual en el tercer trimestre de 2026, mientras que la de alquiler temporal aumentó un 7%, según el informe de Idealista. Con ese avance, los contratos de temporada ya representan el 34% del mercado nacional: uno de cada tres anuncios.

La caída de la oferta permanente fue especialmente visible en varias zonas declaradas tensionadas, donde se aplican controles de precios. En Palma, por ejemplo, la oferta permanente descendió un 2%, mientras que la temporal subió un 10% y alcanzó el 25% del mercado local.

Los datos miden la evolución de la oferta anunciada, no el conjunto de viviendas existentes. Por sí solos, tampoco demuestran que cada propietario haya pasado su vivienda de permanente a temporal. Además, el alquiler de temporada que recoge Idealista es distinto del alquiler turístico.

Un temporal con requisitos más estrictos

El crecimiento del temporal llega con una regulación más exigente. Este tipo de contrato requiere una causa real y acreditable, como estudios o un desplazamiento laboral, que debe constar de forma expresa en el documento. Si esa causa no existe, el contrato puede considerarse de vivienda habitual desde el primer día.

Los plazos también cuentan. La duración mínima es de más de 31 días y la ordinaria llega hasta 12 meses, salvo que la causa temporal continúe y pueda probarse. El inquilino puede desistir pasado al menos un mes, con un preaviso mínimo de 10 días.

Hay dos vías de recalificación a alquiler habitual: una duración superior a 12 meses sin justificación suficiente y la sucesión de más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda.

¿Qué significa esto para los propietarios?

El alquiler temporal gana peso en la oferta, pero que crezca el número de anuncios no garantiza una mayor rentabilidad neta: implica más rotación, comercialización frecuente y posibles periodos vacíos. Titular un contrato como "temporal" no basta; conviene guardar la documentación que pruebe la causa (matrícula, contrato de trabajo o carta de desplazamiento) y reflejarla con precisión en el contrato. Cumplir los límites de duración y de contratos sucesivos es hoy la principal protección jurídica del arrendador.