Granada: cae un 12,6% la oferta de alquiler tras los decretos

La oferta de viviendas en alquiler en la capital granadina se ha reducido un 12,6% entre el 1 y el 20 de octubre de 2026: de 1.571 a 1.372 anuncios en Idealista, es decir, 199 viviendas menos. Inmobiliarias locales hablan de un mercado «paralizado» o ralentizado por la incertidumbre que han generado los nuevos decretos de vivienda, según informa Ideal.

Según esas agencias, una parte de los propietarios ha optado por parar preventivamente antes de firmar nuevos contratos. Otros están retirando la vivienda del alquiler estable para destinarla a corta estancia o se plantean venderla. Quienes siguen alquilando exigen más documentación y más solvencia a los candidatos.

Qué han cambiado los decretos

La primera versión de los decretos decayó en el Congreso el 2 de octubre. El Gobierno los volvió a aprobar y se publicaron en el BOE el 7 de octubre. El Real Decreto-ley 29/2026 está en vigor desde el 8 de octubre, aunque de forma provisional: debe ser convalidado por la Diputación Permanente en los próximos días. Si no lo es, su continuidad quedaría comprometida.

El principal motivo de recelo entre los arrendadores es la posibilidad de prorrogar los contratos hasta cinco años. A ello se suma la prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que venzan antes de 2029: durante ese periodo el inquilino no podría ser expulsado ni sufriría una subida de renta al renovar por este mecanismo.

La normativa también aprieta el alquiler temporal y por habitaciones. Si un contrato de temporada no acredita una causa temporal real y expresa, puede convertirse automáticamente en contrato de vivienda habitual. En el alquiler por habitaciones, la suma de las rentas no puede superar la que correspondería por alquilar la vivienda completa.

Sin zona tensionada en Granada

Andalucía no ha declarado zonas de mercado residencial tensionado, por lo que en Granada no se aplican los topes de renta ligados a esa figura. Los nuevos contratos de larga duración no están sometidos a esos límites, sin perjuicio de las reglas generales de la LAU y de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Para declarar una zona tensionada, el artículo 18 de esa ley exige, entre otros criterios, que el coste de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios o que los precios hayan subido al menos tres puntos por encima del IPC autonómico durante cinco años.

El efecto inmediato en Granada no es, por tanto, un tope general de precios, sino la incertidumbre sobre duración, prórrogas, contratos temporales y requisitos documentales.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Antes de firmar o renovar, conviene calcular el riesgo de quedar atado a prórrogas de hasta cinco años y, según el vencimiento, a la extraordinaria de dos. Quien use contratos de temporada debe poder acreditar una causa concreta y temporal. Si se endurecen los requisitos de solvencia, deben aplicarse de forma objetiva, documentada y no discriminatoria. La menor oferta puede facilitar alquilar rápido, pero refleja también el desplazamiento hacia la corta estancia o la venta.