Valencia pagará a comunidades que prohíban pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia pagará ayudas a las comunidades de vecinos que reformen sus estatutos para prohibir nuevos pisos turísticos en sus edificios y ofrecerá asistencia jurídica gratuita para denunciar los que operen sin licencia. La alcaldesa lo anunció el 17 de septiembre de 2026 durante el debate sobre el estado de la ciudad, dentro de un paquete al que ha llamado plan de defensa del vecino.

La medida se apoya en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde el 3 de abril de 2025, que permite a una comunidad prohibir nuevos pisos turísticos con el voto favorable de 3/5 de los propietarios y las cuotas de participación. El Consistorio sufragará los costes de modificar los estatutos con esa mayoría reforzada y también los trámites de registro, además de facilitar el acceso a los expedientes municipales abiertos sobre cada finca.

En el capítulo de control, el Ayuntamiento informó de 449 órdenes de cese de actividad dictadas tras inspecciones, con cortes de agua y luz incluidos en los casos de pisos turísticos ilegales. La normativa municipal de 2026 ya restringe estos usos a bajos y primeras plantas con acceso independiente y exige autorización comunitaria por mayoría cualificada para dar de alta una vivienda turística nueva.

Qué cambia respecto a la normativa anterior

Hasta ahora, la comunidad podía prohibir el uso turístico en sus estatutos, pero corría con los gastos legales de la reforma y con los de cualquier litigio posterior. El plan anunciado traslada esa carga económica al Ayuntamiento: subvenciona el proceso de blindar los estatutos y pone abogados a disposición de los vecinos que quieran actuar contra un piso turístico irregular.

El objetivo declarado por el gobierno municipal es dejar el 98% de las viviendas de la ciudad para uso residencial. La web municipal ya recoge que no se puede destinar un piso a apartamento turístico si los estatutos de la comunidad lo prohíben, y que en los bajos la prohibición también opera si la junta de propietarios lo rechaza.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien tenga o quiera abrir un piso turístico en Valencia se enfrenta a un margen cada vez más estrecho: planta, acceso independiente, límites por zona y autorización comunitaria por mayoría cualificada. Las comunidades, en cambio, ganan una vía más barata y con respaldo legal para bloquear nuevas altas o litigar contra las que ya operan sin licencia. Los propietarios que alquilen a largo plazo en fincas con estatutos reformados tendrán más certeza sobre los usos permitidos en el edificio.