Tres de cada cuatro españoles piden subir impuestos a la vivienda

Tres de cada cuatro ciudadanos en España piden endurecer la fiscalidad de la vivienda y hacerla más progresiva, según una encuesta publicada el 31 de agosto de 2026 por El Confidencial. El dato refleja un cambio de clima político que ya se traduce en propuestas concretas dirigidas a grandes propietarios y sociedades patrimoniales.

En Madrid, el partido Más Madrid ha planteado un IBI progresivo que aplicaría un coeficiente de hasta 1,6 a los grandes tenedores y de hasta 1,3 a los propietarios que no sean personas físicas. La medida busca gravar más a quienes concentran varios inmuebles frente al propietario particular con una sola vivienda.

A nivel estatal ya hay una subida fiscal aprobada que afecta a la vivienda: el real decreto sobre socimis eleva del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios no distribuidos por estas sociedades, con efectos desde el 1 de enero de 2026. La norma incluye un régimen transitorio de tres años en el que el requisito de vivienda asequible se aplicará de forma progresiva, con umbrales del 50% y del 70% antes de alcanzar el nivel objetivo.

Un cambio de foco, no una subida general

La noticia no implica una subida de impuestos inmediata para todos los propietarios. Lo que ha cambiado es el desplazamiento del debate desde una discusión abstracta hacia medidas más específicas, centradas en grandes tenedores, sociedades propietarias de vivienda y vehículos de inversión como las socimis.

Para el propietario particular de una vivienda habitual, no hay constancia de una subida fiscal general derivada de esta encuesta. El riesgo de mayor presión tributaria se concentra en quienes poseen varios inmuebles o gestionan su patrimonio a través de una sociedad.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quienes tengan una única vivienda no deberían esperar cambios inmediatos en su fiscalidad a raíz de esta encuesta. Los propietarios con varios inmuebles, especialmente si están registrados como grandes tenedores o mediante una sociedad, sí enfrentan un riesgo creciente de mayor tributación, tanto en el IBI municipal como en figuras estatales. Quienes inviertan a través de socimis ya notan el efecto: el gravamen sobre beneficios no distribuidos ha subido del 15% al 25% desde enero de 2026, lo que reduce la rentabilidad si la sociedad retiene beneficios en lugar de repartirlos.