Palma podrá crear una empresa municipal de vivienda

El Parlament balear aprobó el 28 de octubre de 2026 la reforma de la Ley de Capitalidad que habilita al Ayuntamiento de Palma para crear su propia empresa de vivienda.
El Parlament balear aprobó el 28 de octubre de 2026 la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma, que permite al Ayuntamiento crear una empresa municipal de vivienda. La reforma parte de una propuesta que el pleno del consistorio aprobó en noviembre de 2025.
La futura sociedad podrá promover, construir y rehabilitar viviendas protegidas y dotacionales, además de gestionar el parque público municipal. Hasta ahora, el Ayuntamiento no contaba con esta herramienta de forma expresa dentro de la ley.
La norma también abre la puerta a programas para movilizar viviendas privadas hacia el alquiler asequible. Incluye además cambios en la financiación municipal: la aportación podrá variar en función del IPC o de la población.
La ley únicamente habilita la creación de la empresa. Su constitución efectiva exige todavía trámites municipales posteriores.
Qué régimen se aplica a la vivienda protegida
Las viviendas que gestione o promueva la futura empresa se regirán por la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears. Esta norma establece un régimen de protección permanente: las viviendas protegidas calificadas conforme a ella no pueden descalificarse de forma voluntaria.
Las reglas de transmisión son estrictas. La Administración dispone de dos meses desde la notificación del propietario para ejercer sus derechos de adquisición preferente. Solo pueden comprar quienes figuren en el registro de demandantes y cumplan los requisitos legales.
Los contratos de arrendamiento de estas viviendas deben presentarse para visado administrativo en un plazo de 30 días. El subarriendo o la cesión, total o parcial, requiere autorización previa.
Para acceder a una vivienda protegida, el Decreto-ley 3/2025, de 14 de marzo, exige acreditar cinco años de residencia en el municipio donde se ubique. La inscripción en el registro de demandantes dura dos años y causa baja automática si pasan tres meses desde su vencimiento sin renovarla.
¿Qué significa esto para los propietarios?
La reforma no implica expropiaciones ni obligación alguna de vender o alquilar al Ayuntamiento, y no cambia por sí sola el régimen de las viviendas libres. Los propietarios de Palma solo se verían afectados si deciden incorporar su vivienda a un futuro programa municipal de alquiler asequible. En ese caso, conviene conocer las restricciones de precio, visado y transmisión que acompañan al régimen protegido.
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