Murcia exige aval vecinal para nuevos pisos turísticos

Los propietarios de la Región de Murcia ya no pueden abrir un piso turístico nuevo solo con tramitar los permisos autonómicos: necesitan además el visto bueno de la comunidad de vecinos. Así lo recoge la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), que desde el 3 de abril de 2025 exige esta aprobación previa para dar de alta cualquier vivienda de uso turístico posterior a esa fecha.

La exigencia se apoya en el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, que otorga a las comunidades la última palabra sobre este tipo de actividad dentro del edificio. La norma fija una mayoría reforzada de tres quintas partes de los propietarios, que además deben representar el 60% de las cuotas de participación. Sin ese doble umbral, la comunidad puede bloquear la actividad turística en el inmueble.

Recargos de hasta el 20% en los gastos comunes

La junta de propietarios no solo decide si autoriza o no el piso turístico. Con la misma mayoría de 3/5, puede aprobar una cuota especial o un recargo en los gastos comunes para la vivienda que se destine a alquiler turístico. Ese recargo tiene un tope legal del 20% sobre la cuota ordinaria.

El requisito afecta a las nuevas solicitudes de declaración responsable para vivienda de uso turístico (VUT) gestionadas a través del ITREM, el organismo de turismo de la Región. Los pisos que ya estaban dados de alta antes del 3 de abril de 2025 no necesitan someterse a esta votación retroactivamente, según la información publicada por la CARM y recogida por La Opinión de Murcia.

Para los propietarios que planean incorporar una vivienda al alquiler turístico a partir de ahora, el trámite administrativo autonómico deja de ser suficiente. Sin acuerdo favorable de la comunidad, la declaración responsable no debería prosperar, aunque el titular sea el dueño único de la vivienda.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien quiera convertir un piso en vivienda turística en Murcia debe negociar antes con sus vecinos y reunir el apoyo de 3/5 de propietarios y cuotas. Conviene llevar el asunto a junta con antelación, porque una negativa comunitaria puede paralizar el proyecto pese a contar con licencia turística. Además, hay que contar con la posibilidad de un recargo de hasta el 20% en los gastos comunes si la actividad finalmente se autoriza.