Montero propone cuadruplicar el impuesto a la vivienda vacía

La candidata de Podemos propuso en Elche un gran impuesto estatal sobre la vivienda vacía y suprimir los "regalos fiscales" a los arrendadores.
Irene Montero, candidata de Podemos, anunció el 16 de noviembre de 2026 en Elche un impuesto estatal sobre la vivienda vacía que obligaría a los propietarios de inmuebles desocupados a pagar cuatro veces la tributación actual. Según informó El Mundo, la propuesta incluye además eliminar "todo tipo" de beneficios fiscales para los rentistas, a los que Montero calificó de "regalos fiscales".
La dirigente cifró en casi 4 millones las viviendas vacías en España, sin detallar en su intervención el método estadístico empleado. Con esa base defendió una carga fiscal específica para quienes mantienen inmuebles sin uso.
Las medidas forman parte del posicionamiento electoral de Podemos y no de una ley aprobada. Montero las enmarcó en un paquete más amplio que incluye una reducción del 40 % de los alquileres y la expropiación de unas 650.000 viviendas atribuidas a fondos de inversión. Para justificar una eventual intervención del mercado de vivienda apeló al artículo 128 de la Constitución, un argumento político y no una habilitación automática para crear el tributo.
Por ahora no hay texto legal, calendario ni fecha de entrada en vigor. Cualquier nuevo impuesto requeriría aprobación parlamentaria y desarrollo reglamentario, con su correspondiente régimen de recursos. Hasta entonces, la fiscalidad que afecta a cada propietario sigue siendo la vigente: el IBI, la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF cuando corresponda, y la normativa autonómica y las ordenanzas municipales.
¿Qué significa esto para los propietarios?
El anuncio no cambia hoy ni contratos, ni rentas, ni deducciones. Para quien tiene una vivienda vacía, el riesgo es político: si la medida llegara a aprobarse, el coste fiscal podría multiplicarse por cuatro respecto a la tributación de referencia. Los arrendadores deberían seguir de cerca qué incentivos se verían afectados, aunque no hay motivo para vender activos ni alterar contratos por este anuncio. Mientras tanto, conviene documentar el uso real del inmueble y conservar pruebas de su comercialización.
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