Maricarmen podrá volver a casa con alquiler al 40%

El Ayuntamiento de Madrid abrió una mediación formal entre Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada tras 70 años viviendo en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, y la propiedad Urbagestión, con el objetivo de que pueda regresar a su vivienda mediante un contrato de alquiler asequible. La reunión, gestionada a través del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), estaba fijada para el lunes a las 16:00 en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Según CLMPress, la fórmula que se negocia limita la renta al 40% de los ingresos netos de la inquilina. Maricarmen cobra una pensión de 1.450 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que equivale a 20.300 euros anuales. Aplicado ese límite, el alquiler máximo asumible sería de 676,67 euros al mes.

Urbagestión habría trasladado en la mediación municipal una oferta de 676 euros mensuales, una cifra prácticamente idéntica al tope calculado por el SIA. La empresa se ha defendido públicamente de las críticas recibidas durante la polémica, alegando que se trata de una compañía familiar y negando parte de las acusaciones vertidas en el debate político.

Antes de llegar a este punto se descartó otra vía. La inclusión de la vivienda en el programa municipal Reviva fue considerada inviable por la EMVS, al no ajustarse a los requisitos legales que exige ese programa de cesión.

El acceso al SIA no depende solo del porcentaje de esfuerzo. También exige que los ingresos familiares del solicitante no superen las 8 veces el IPREM. Con los datos conocidos hasta ahora, no hay un acuerdo cerrado: la negociación entre Maricarmen y Urbagestión sigue abierta tras la reunión prevista en la EMVS.

¿Qué significa esto para los propietarios?

El caso deja un precedente concreto para arrendadores que negocien con mediación pública: el SIA puede imponer un techo de renta muy por debajo del precio de mercado si el inquilino cumple los requisitos de ingresos. Además, propuestas alternativas como la cesión a programas municipales tipo Reviva pueden ser rechazadas si no encajan en las bases legales del programa. La exposición mediática de un desahucio también añade presión reputacional a la propiedad, más allá del resultado económico del acuerdo.