Los decretos de vivienda frenan el mercado en Murcia

El mercado inmobiliario de la Región de Murcia ha entrado en una fase de cautela tras la aprobación, el 6 de octubre de 2026, de dos reales decretos-ley en materia de vivienda, publicados en el BOE al día siguiente. Según informa Onda Regional de Murcia, la confusión social sobre su alcance está afectando a las operaciones de compraventa y alquiler: parte de los propietarios evita renovar contratos y se plantea vender.

El RDL 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre. Permite prorrogar durante dos años determinados contratos de vivienda habitual y limita al 2 % las actualizaciones de renta que se produzcan entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2027, según el régimen aplicable a cada contrato.

El texto amplía además hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a determinados desahucios, siempre que concurran vulnerabilidad, falta de alternativa habitacional y ausencia de una solución adecuada ofrecida por la Administración. Hasta esa misma fecha se restringe la compra de viviendas por ciertas entidades, incluidas las operaciones por debajo del 70 % del valor de tasación. Los contratos de temporada y de habitaciones también quedan sujetos a una regulación específica para que no sirvan de vía de escape del alquiler habitual.

El RDL 28/2026 toca el artículo 10 de la LAU y prevé prórrogas de hasta cinco años para arrendadores personas físicas y siete para personas jurídicas. Su entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre de 2026.

Un mercado con precios al alza

La reacción llega con los alquileres en pleno ascenso. En la ciudad de Murcia, la renta media alcanzó 9,8 €/m² en junio de 2026, un 2,9 % más que un año antes. En el conjunto de la provincia se situó en 9,4 €/m², con una subida interanual del 4,1 %. Otras referencias de mercado sitúan la media regional en 7,77 €/m² en octubre.

A la incertidumbre se suma el calendario político: con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, la convalidación de los decretos corresponde a la Diputación Permanente.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Antes de no renovar un contrato o de ponerlo a la venta, conviene comprobar su fecha, duración, cláusula de actualización y si le alcanza la prórroga extraordinaria. Un tope del 2 % reduce la capacidad de trasladar la inflación a la renta, y vender un piso arrendado puede resultar más difícil si el comprador descuenta prórrogas y límites. Los alquileres de temporada o por habitaciones exigen una causa real y documentación coherente para evitar su recalificación.