Lleida activa su primera expropiación en 15 años para vivienda

La Paeria de Lleida llevará al pleno del 25 de septiembre de 2026 la aprobación del primer proceso de expropiación de suelo para vivienda en la ciudad en al menos 15 años. La operación se ubica en el Centro Histórico, entre las calles Múrcia, Boters, Veguer de Carcassona y la plaza Cervantes, y afecta a 21 propietarios y 1.622,28 m² de suelo.

El proyecto municipal contempla la construcción de un máximo de 80 viviendas, una parte de las cuales se reservaría en un primer momento para la comunidad universitaria. La versión inicial del plan incluía una manzana de edificios más extensa, pero finalmente quedan excluidos los inmuebles de los números 27 y 31 de la calle Múrcia.

Si el pleno aprueba el proyecto, el siguiente paso será el inicio de las valoraciones individualizadas de cada finca, el trámite que fijará el justiprecio de la expropiación y, en su caso, los costes de realojamiento de los propietarios afectados. Segre.com adelantó los detalles del proyecto que ahora entra en su fase decisiva.

La actuación se enmarca en un plan urbanístico más amplio para el Centro Histórico de Lleida, que según informaciones recientes contempla cuatro ámbitos estratégicos con capacidad para unas 145 viviendas nuevas, sobre una superficie de 4.458,55 m² de suelo y 14.743,67 m² de techo edificable.

Base legal del procedimiento

El procedimiento se apoya en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que regula las fases de declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, fijación del justiprecio, pago y toma de posesión. En Cataluña, la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda permite además expropiar por incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, una vez agotadas las vías previas y tramitado el expediente correspondiente.

La normativa urbanística catalana establece también que, en los ámbitos declarados en expropiación, no pueden levantarse nuevas construcciones ni modificarse las existentes salvo excepciones muy tasadas. Esto significa que los propietarios de las fincas incluidas ven limitada su capacidad de actuar sobre sus inmuebles desde el momento en que arranca el expediente.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Los 21 propietarios afectados entran en un procedimiento de expropiación forzosa que implica la pérdida de la titularidad de sus inmuebles a cambio de un justiprecio que aún debe calcularse finca por finca. El importe final dependerá de las valoraciones individualizadas que arrancarán tras el pleno del 25 de septiembre, junto con los eventuales costes de realojamiento. Para quienes tienen propiedades en zonas de renovación urbana similares, el caso de Lleida marca un precedente sobre cómo los ayuntamientos catalanes pueden activar la expropiación para ampliar el parque de vivienda en cascos históricos.