Las ejecuciones hipotecarias en vivienda tocan máximo en 9 años

El Instituto Nacional de Estadística contabilizó 3.703 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual iniciadas en España durante el segundo trimestre de 2026. La cifra supone un incremento del 10,3% respecto al trimestre anterior y del 27,5% frente al mismo periodo de 2025, según el INE. Es el dato más alto para un segundo trimestre desde 2017.

El repunte no es un episodio aislado. En el primer trimestre de 2026 ya se habían iniciado 3.328 ejecuciones sobre vivienda habitual, un 38,1% más que un año antes. Con estos dos trimestres, el INE confirma una aceleración sostenida que viene de atrás: en 2025 el total anual alcanzó 10.850 ejecuciones sobre vivienda habitual, un 21,4% más que en 2024 y la cifra anual más alta desde 2022.

El conjunto de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2026, incluyendo todo tipo de inmuebles, se situó en 7.141, de las que 4.989 correspondieron a viviendas, según los mismos datos del organismo estadístico.

Qué protección tienen los deudores vulnerables

Los propietarios que no pueden hacer frente a la hipoteca de su vivienda habitual y cumplen los requisitos de vulnerabilidad pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas, previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2012. Es de adhesión voluntaria para las entidades de crédito, que en su mayoría están adheridas, y contempla reestructuración de deuda, periodos de carencia, ampliación de plazos o, en determinados supuestos, medidas alternativas al desahucio.

Este marco ha tenido ventanas temporales específicas según la entidad y el caso. Algunas se prolongaron hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que en zonas afectadas por la DANA el plazo se amplió hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué significa esto para los propietarios?

El dato del INE no eleva el riesgo individual de cada hipotecado, pero sí retrata más tensión de impagos en el conjunto del mercado. Para quien tiene una hipoteca sobre su vivienda habitual y atraviesa dificultades, conviene revisar cuanto antes si cumple los requisitos del Código de Buenas Prácticas antes de que el retraso derive en un proceso judicial. Los propietarios con inquilinos o carteras de alquiler harían bien en vigilar de cerca la morosidad y anticipar refinanciaciones, porque el histórico muestra que estas ejecuciones suelen empezar con impagos que se prolongan varios meses.