La nueva ley antiblanqueo afecta a la vivienda de lujo

El Gobierno tramita un anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales que amplía los controles sobre las operaciones inmobiliarias de lujo, incorporando a promotores, agencias y intermediarios como sujetos obligados a vigilar el origen de los fondos. Esta futura ley antiblanqueo inmobiliaria, según recoge idealista.com, debe entrar en vigor antes del 10 de julio de 2027.

El texto establece que en las compraventas no existe umbral de importe: cualquier operación, sea cual sea su precio, quedará sujeta a controles de identificación del cliente, titular real y origen de fondos. En los arrendamientos, la obligación se activa cuando la renta anual alcanza los 120.000 euros o la mensual llega a 10.000 euros.

La norma amplía así la base ya vigente de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, que ya afectaba al sector inmobiliario, pero actualiza el listado de sujetos obligados y endurece las exigencias documentales en las operaciones de mayor valor. Con ello, la ley antiblanqueo inmobiliaria pasa a ser un elemento central en la regulación del mercado de lujo.

Sanciones y restricciones profesionales

Las infracciones graves podrán castigarse con multas desde 60.000 euros hasta el mayor de estos importes: el 10% del volumen de negocio anual, el doble del valor de la operación más un 50%, el triple del beneficio obtenido o 10 millones de euros.

El anteproyecto añade además una restricción de acceso profesional: quienes hayan sido condenados por blanqueo, financiación del terrorismo u otros delitos subyacentes no podrán ejercer como promotores o agentes inmobiliarios, ni ocupar cargos de administración o dirección, mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien venda una vivienda de alto valor deberá anticipar controles de identificación reforzada y acreditar el origen de los fondos, incluso si la contraparte es una sociedad. Quien alquile un inmueble de lujo por encima de los 10.000 euros mensuales o 120.000 euros anuales entrará también en el perímetro de supervisión que marca la nueva ley antiblanqueo inmobiliaria.

En la práctica, agencias e intermediarios exigirán más documentación y podrán retrasar el cierre de la operación hasta completar las verificaciones. Las sanciones recaen sobre los sujetos obligados, pero la fluidez de la venta o el alquiler dependerá de que el propietario aporte trazabilidad suficiente sobre fondos y titularidad.