Junts se abre a eliminar la reserva del 30% en Barcelona

Junts se abre a eliminar la reserva del 30% de vivienda asequible en Barcelona si no hay pacto para reformarla, según ha trasladado el partido tras romper las negociaciones con el PSC. La norma, aprobada en 2018, obliga a destinar ese porcentaje de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida, y sigue plenamente vigente mientras no se apruebe ningún cambio.

El giro de Junts es notable: el partido había pedido reformar la reserva, no derogarla. Ahora acepta que, si no hay acuerdo, se abra la puerta a eliminarla directamente. La negociación con el PSC se rompió en junio de 2025 y el alcalde Jaume Collboni aparcó la reforma en agosto de 2026 tras ese bloqueo.

El argumento: solo 34 pisos en ocho años

El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que el impacto real de la medida ha sido mínimo. La reserva del 30% ha generado únicamente 34 viviendas en 8 años de aplicación, una cifra que Junts esgrime para cuestionar su utilidad y que alimenta el debate sobre si la norma frena más promociones de las que protege.

Pese a esa cifra, la obligación no ha desaparecido. Cualquier promotor que inicie hoy una nueva construcción o una gran rehabilitación en Barcelona debe seguir reservando el 30% de las viviendas a protección oficial o alquiler asequible, tal como establece la regulación municipal en vigor desde 2018.

Sin fecha para la reforma

No hay calendario cerrado para una eventual modificación. Las conversaciones entre Junts y el PSC quedaron rotas y la revisión de la norma permanece aparcada desde agosto. Mientras no se apruebe un texto alternativo, la reserva del 30% sigue siendo de aplicación obligatoria en el planeamiento urbanístico de la ciudad.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Hoy no cambia nada operativo: quien promueve una nueva construcción o una gran rehabilitación en Barcelona sigue sujeto a la reserva del 30%. Si en el futuro se flexibiliza o deroga, afectaría directamente a la viabilidad económica de nuevas promociones y a la rentabilidad esperada en suelo urbano consolidado. Por ahora, propietarios y promotores deben seguir planificando sus proyectos bajo la normativa vigente, sin dar por hecho ningún cambio inminente.