El TC avala la Ley de Vivienda ante el recurso vasco

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, según recoge orain.eus. La sentencia, dictada el 11 de septiembre de 2026, confirma la validez de los preceptos impugnados y consolida la aplicación de la norma estatal en todo el país, incluidas las zonas tensionadas.

El Ejecutivo vasco había interpuesto el recurso en 2024, alegando invasión competencial por parte del Estado. La impugnación afectaba a siete artículos de la ley —los artículos 3, 10.2, 15.1.d), 15.1.e), 16, 17 y 18— además de una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

El tribunal ha resuelto que los preceptos recurridos contienen definiciones operativas propias de la ley estatal y que no funcionan como norma supletoria para las comunidades autónomas, lo que descarta la vulneración competencial alegada por Euskadi. La sentencia incorpora cinco votos particulares, lo que refleja discrepancias internas en el propio tribunal sobre el fondo del asunto.

Una ley que sigue vigente en toda España

Con esta resolución, la Ley de Vivienda deja de tener pendiente uno de sus principales frentes judiciales autonómicos. El fallo llega más de un año después de que el recurso fuera admitido a trámite, y cierra la incertidumbre sobre si el marco estatal podía verse recortado en Euskadi por motivos competenciales.

El País Vasco cuenta con su propia ley autonómica de vivienda desde 2015, pero la sentencia del TC deja claro que esa normativa propia no exime de la aplicación de los preceptos estatales impugnados. En la práctica, ambos marcos —el autonómico y el estatal— seguirán conviviendo sin que el segundo quede anulado en los puntos que Euskadi había cuestionado.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Para los propietarios, el mensaje es de continuidad: la Ley de Vivienda no pierde vigencia ni se ve recortada por este recurso, sino todo lo contrario, el Constitucional refuerza su aplicación. Quienes alquilan inmuebles en zonas tensionadas, también en Euskadi, deben seguir contando con las obligaciones y límites que marca la norma estatal. No cabe esperar, a raíz de este fallo, ningún cambio inmediato en las reglas aplicables a los contratos de alquiler ni en los mecanismos de contención de precios previstos en la ley.