El PNV apoyará el decreto fiscal y tumbará la prórroga del alquiler

El PNV ha anunciado que apoyará en el Pleno del Congreso el decreto con ayudas fiscales y protección frente a desahucios, pero votará en contra del decreto que impone la renovación automática de los contratos de alquiler. La votación está fijada para este viernes 3 de octubre de 2026, y ambos textos ya figuran publicados en el BOE.

Según RTVE, el respaldo del partido al primer decreto es "crítico". Los nacionalistas vascos consideran que la norma protege a los colectivos vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios. El rechazo al segundo decreto lo comparten otros grupos, entre ellos Junts, según la cobertura de la Cadena SER, lo que anticipa su derogación si se confirman los votos.

Qué contiene cada decreto

El primer decreto reúne bonificaciones fiscales, medidas de protección frente a desahucios y la prohibición de que los fondos buitre compren pisos hasta 2028. El Ejecutivo le atribuye coste público.

El segundo establece la prórroga automática de determinados contratos de alquiler. Amplía dos años los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y, según RTVE, obliga al casero a indemnizar al inquilino si quiere romper el contrato. La misma información cifra en más de 1,89 millones los contratos que podrían prorrogarse en España. Esta norma no lleva asociado gasto público, porque no crea órganos nuevos ni dotaciones específicas.

Lo que se decide el viernes

Cada decreto necesita ser convalidado por el Pleno para seguir en vigor. Si el voto del PNV se mantiene, el paquete fiscal y de protección saldría adelante y la prórroga automática quedaría derogada.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Si cae el decreto de renovación automática, los contratos que vencen antes del 31 de diciembre de 2028 no se alargarían dos años por esta vía y el arrendador conservaría su margen para recuperar la vivienda al término del contrato. Si se convalida el decreto fiscal, los propietarios se beneficiarían de las bonificaciones y quedarían sujetos a las medidas anti-desahucio, además de a la limitación de compra por fondos hasta 2028. El texto definitivo dependerá de lo que se vote el viernes.