El PNV apoya el decreto de vivienda en la Diputación Permanente

El PNV votará a favor del primer decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso, lo que encarrila su convalidación tras el rechazo del Pleno.
El PNV ha anunciado que votará a favor del primer real decreto-ley de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso, lo que despeja el camino para su convalidación. El grupo mantiene, en cambio, su voto en contra del segundo decreto, el de la prórroga automática de los alquileres.
Con ese apoyo, la mayoría prevista en el órgano permanente, formado por 69 miembros, sería de 35 votos a favor frente a 34 en contra. La votación formal debe celebrarse dentro del plazo constitucional de 30 días para convalidar o derogar un decreto-ley.
Cómo se llega a esta segunda votación
El Pleno del Congreso rechazó los dos decretos el 2 de octubre de 2026. El primero cayó por 178 votos contra 172, con PP, Vox, Junts y UPN en contra. El segundo fue tumbado por 184 votos contra 166, al sumarse también el PNV al rechazo.
Tras la disolución de las Cortes, es la Diputación Permanente la que puede pronunciarse sobre la convalidación de decretos-ley. De ahí que el voto del PNV vuelva a ser decisivo.
Qué incluye cada decreto
El primer texto, que cuenta con el respaldo del PNV, recoge tres bloques de medidas:
- suspensión o limitación de determinados desahucios de personas vulnerables;
- límites a operaciones de fondos de inversión, los llamados «fondos buitre»;
- bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos.
El segundo decreto, sin apoyo del PNV, contenía la renovación automática o indefinida de determinados contratos de alquiler y la obligación de indemnizar al inquilino con hasta 12 mensualidades si el propietario rompe el contrato. Esa parte sigue bloqueada políticamente y no está en vigor.
¿Qué significa esto para los propietarios?
No existe, por ahora, una prórroga automática indefinida de los alquileres: esa medida pertenece al decreto que no tiene mayoría. Hasta que haya convalidación formal o un texto publicado en el BOE, sigue aplicándose la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa vigente de cada contrato.
Si el primer decreto se convalida, los propietarios podrían encontrarse con más trabas para ejecutar desahucios cuando el ocupante acredite vulnerabilidad, y con ventajas fiscales vinculadas al alquiler. El alcance real para pequeños arrendadores dependerá del texto definitivo.
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