El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda

Jordi Bofill Mombrú2 min read27 sept 2026, 0:00hace 3 semanas
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El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda

El Ejecutivo busca llevar al Consejo de Ministros del martes 30 de septiembre un decreto de vivienda que aún necesita el respaldo de Junts y Podemos.

El Gobierno trabaja para aprobar el próximo martes 30 de septiembre en el Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda, aunque el texto sigue sin cerrar y todavía no ha entrado en vigor. La novedad de los últimos días es que el Ejecutivo ha reabierto la negociación con Junts para intentar desbloquear su apoyo, imprescindible junto al de Podemos para que el decreto supere después la convalidación en el Congreso.

Junts condiciona su voto a incorporar ayudas fiscales y mejoras tanto para propietarios como para inquilinos, mientras Sumar rechaza parte de esas exigencias. Esa fricción explica por qué el Gobierno ha optado por retrasar el cierre definitivo y buscar un texto que sume los votos necesarios antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

De fondo está la presión de un calendario concreto: este año vencen 630.000 contratos de alquiler, según los datos manejados sobre el borrador. Esa cifra ha sido uno de los argumentos para justificar la urgencia con la que el Ejecutivo intenta cerrar el acuerdo antes de fin de mes.

Mientras el nuevo decreto no se apruebe, sigue en vigor la normativa aprobada el 22 de marzo de 2026, que ya prorrogó contratos y fijó un tope del 2% a la actualización anual de la renta. Esa prórroga, según el texto vigente, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 para los casos afectados. Junto a ella siguen aplicándose la LAU y la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el marco que regula hoy los contratos de arrendamiento y los procedimientos de desahucio.

¿Qué significa esto para los propietarios?

A día de hoy no cambia nada en los contratos vigentes: el decreto sigue en fase de negociación política y no tiene efectos legales todavía. Los propietarios con contratos afectados por la prórroga de marzo mantienen el límite del 2% en la actualización de rentas hasta que se resuelva la tramitación. Si el texto sale adelante con las concesiones que reclama Junts, podría incluir algún incentivo fiscal para arrendadores, pero eso dependerá del acuerdo final que se cierre antes del martes.