El Congreso vota esta semana el veto a fondos en vivienda

El Congreso de los Diputados vota esta semana, en su Pleno, la admisión a trámite de la proposición de ley registrada por Sumar que busca prohibir la compra de vivienda residencial a empresas y fondos de inversión en España, según adelanta La Razón. La votación se sitúa en la sesión plenaria del 9 y 10 de septiembre.

La iniciativa plantea modificar el artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023 para impedir que sociedades y fondos adquieran tanto viviendas ya en uso como promociones nuevas desde la obtención del certificado final de obra.

No es la primera vez que Sumar intenta sacar adelante esta medida. El Congreso ya rechazó una versión anterior de la proposición el 27 de noviembre de 2025, con 44 votos a favor, 179 en contra y 124 abstenciones. Meses después, en mayo de 2026, otra iniciativa relacionada del mismo grupo volvió a caer, esta vez por un margen mucho más ajustado: 170 votos en contra, 169 a favor y 8 abstenciones.

Qué cambia en el nuevo texto

La versión reregistrada en 2026 incorpora varias excepciones respecto a los intentos anteriores. Quedarían fuera del veto las entidades sin ánimo de lucro y las compras destinadas a usos concretos: sede social, atención sociosanitaria, protección de víctimas de violencia de género, alojamiento de colectivos vulnerables y actividades educativas, cívicas o de culto.

El texto añade además una disposición transitoria que protegería las operaciones ya formalizadas: las compraventas elevadas a escritura pública ante notario antes de la entrada en vigor de la ley no se verían afectadas, aunque todavía no estén inscritas en el Registro de la Propiedad.

Un trámite todavía incierto

A día de hoy no existe ningún veto vigente a la compra institucional de vivienda. La proposición debe superar primero la admisión a trámite en el Pleno y, después, el resto del recorrido parlamentario, incluida su tramitación en comisión.

Los precedentes recientes —el rechazo de noviembre de 2025 y el resultado muy ajustado de mayo de 2026— muestran que la aprobación de esta ley no está garantizada y dependerá del apoyo de otros grupos parlamentarios además de Sumar.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Mientras la ley no se apruebe, cualquier propietario puede vender su vivienda a una empresa o fondo sin restricciones. Si la norma prosperase, afectaría sobre todo a quienes tengan previsto vender a un comprador que sea persona jurídica, ya que ese tipo de operaciones quedaría limitado. La disposición transitoria ofrece cierta seguridad: las ventas ya firmadas ante notario antes de la entrada en vigor no se verían afectadas retroactivamente.