Consumo mantiene su multa de 3,6 M€ a Alquiler Seguro

Consumo mantiene la multa de 3,6 millones de euros impuesta a Alquiler Seguro, según la nota oficial del organismo del 27 de junio de 2026. La empresa, que gestiona alrededor de 30.000 contratos de alquiler, ha anunciado que recurrirá la sanción en vía contencioso-administrativa, por lo que el caso continúa abierto.

El expediente administrativo se basa en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que prohíbe trasladar a los inquilinos determinados gastos de gestión y formalización del alquiler. Según Consumo, Alquiler Seguro habría impuesto un Servicio de Atención que en la práctica equivalía a gastos de gestión, además de obligar a contratar un seguro de hogar que beneficiaba al propietario y cargar reclamaciones de deudas no imputables al arrendatario.

El caso se suma a un frente judicial paralelo. Un juzgado de Madrid condenó a la compañía, en sentencia del 31 de octubre de 2025 hecha pública el 7 de noviembre, a devolver cerca de 2.000 euros a dos inquilinos por un cobro de "asistencia al inquilino" que el tribunal calificó de engañosa y coercitiva. La resolución señala que los problemas surgidos durante la vigencia del contrato son responsabilidad del propietario y no justifican imponer pagos adicionales al inquilino por un servicio no solicitado.

A pesar de la sanción, El Salto publicó el 20 de julio de 2026 que los abusos denunciados continuaban, sin que la operativa de la empresa hubiera cambiado de forma apreciable.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Los propietarios que trabajan con intermediarias de alquiler deben revisar que ningún gasto de gestión, asistencia o formalización prohibido por la ley de vivienda se traslade al inquilino, ya que estas cláusulas pueden ser anuladas por un juez. El riesgo no es solo legal: contratos con cargos abusivos generan reclamaciones de devolución y desgaste reputacional para el arrendador, aunque la práctica provenga de la agencia intermediaria y no del propietario directamente.