CCOO y UGT llevan la vivienda al AENC y a la huelga del 11-N

CCOO y UGT reclaman incluir el coste de la vivienda en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y mantienen la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
CCOO y UGT han pedido que el acceso y el precio de la vivienda entren en la negociación salarial con la patronal, dentro del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Los sindicatos lo plantean mientras el diálogo con los empresarios sigue bloqueado y con una huelga general convocada para el 11 de noviembre de 2026, cuyo principal detonante es el acceso a la vivienda.
Según los sindicatos, la patronal no se ha sentado a negociar el acuerdo marco estatal de subidas salariales. Tampoco consta una fecha de firma del nuevo AENC.
Subidas salariales y vivienda protegida
Las centrales reclaman incrementos de entre el 4% y el 7% en las próximas negociaciones colectivas. UGT propone además elevar el salario mínimo interprofesional un 7%. Como referencia, los sindicatos citan una inflación del 4,9%.
En materia de vivienda, plantean construir más de 1,5 millones de viviendas protegidas en la próxima década, al menos 150.000 al año. También defienden que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos a una vivienda digna.
CCOO y UGT vinculan el coste de la vivienda con la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades de emancipación de los jóvenes y la insuficiencia de las subidas salariales actuales.
Qué cambia y qué no
La novedad es de enfoque: la vivienda deja de ser solo una reivindicación dirigida a las administraciones y pasa a la mesa con la patronal. Por ahora no hay ninguna medida pactada que obligue a las empresas a pagar complementos de vivienda, subir salarios por el alquiler o modificar convenios. Los sindicatos aún no han concretado cómo se traduciría la propuesta en cláusulas salariales.
Marco legal vigente
La normativa arrendaticia sigue su propio curso. Según la información consultada, para los contratos y prórrogas afectados por el Real Decreto-ley 28/2026, el preaviso del arrendador se eleva de 4 a 6 meses, mientras el del arrendatario se mantiene en 2 meses. La duración de las prórrogas obligatorias continúa en 5 años si el arrendador es persona física y 7 si es persona jurídica.
Por su parte, el Real Decreto-ley 26/2026 fija para los arrendamientos temporales una duración superior a 31 días y, como regla general, no superior a 12 meses, según la causa temporal alegada.
¿Qué significa esto para los propietarios?
La reivindicación sindical no modifica por sí sola rentas, contratos, impuestos ni obligaciones de los arrendadores. El tope del 30% de ingresos es una referencia política, no un límite aplicable hoy a los contratos privados. Si las subidas del 4%-7% llegaran a pactarse en convenios, podrían aumentar la capacidad de pago de algunos inquilinos, pero no fijan un alquiler máximo. Lo que sí refuerza esta presión es el clima político a favor de más vivienda protegida y de nuevas medidas de regulación.
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