Bruselas plantea permitir vetar segundas viviendas

La Comisión Europea ha presentado en septiembre de 2026 un borrador de Ley de Vivienda Asequible que abriría la puerta a que las autoridades locales restrinjan la compra de segundas residencias en zonas con fuerte tensión residencial. La propuesta, avanzada por cope.es, no plantea una prohibición general de segundas viviendas, sino un marco que habilitaría a los ayuntamientos a limitar compras no destinadas a residencia habitual en áreas muy concretas.

El texto europeo fija tres condiciones que deben cumplirse a la vez para que un municipio pueda activar la restricción. El precio medio de la vivienda debe ser al menos ocho veces la renta mediana disponible, ese indicador tiene que haber empeorado durante los diez años anteriores, y las proyecciones deben mostrar que la tensión no se corregirá en los tres años siguientes.

Además, Bruselas exige que cualquier intervención sea proporcional y se aplique caso por caso, con un diagnóstico previo de estrés residencial que la justifique. No se trata, por tanto, de una medida automática, sino de un mecanismo que cada administración tendría que activar y motivar de forma expresa.

Qué cambia respecto a la situación actual

Hasta ahora, las restricciones a la compra de vivienda no habitual o al alquiler turístico dependían de normativas nacionales o autonómicas, como ha ocurrido en distintas comunidades españolas. La novedad es que la Comisión Europea daría cobertura legal explícita a este tipo de medidas dentro de un marco comunitario, aunque la propuesta se encuentra todavía en fase de borrador.

En España, cualquier aplicación práctica dependería de una posterior transposición o adaptación a la normativa nacional y autonómica de vivienda y urbanismo. De momento no hay ninguna prohibición aprobada ni en vigor, sino una propuesta que deberá tramitarse en las instituciones europeas.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien ya posee una segunda residencia fuera de una zona tensionada no se vería afectado por esta propuesta. El riesgo se concentraría en quienes planeen comprar inmuebles no destinados a vivienda habitual en áreas donde se acredite un estrés residencial severo y persistente, donde podrían encontrarse condiciones más restrictivas para adquirir o usar esas propiedades.