Bruselas exige tres años de prueba para limitar pisos turísticos

La Comisión Europea prevé presentar en 2026 un marco normativo que exigirá a las ciudades acreditar tres años consecutivos de impacto negativo del alquiler turístico en el mercado de la vivienda antes de poder limitarlo, según recoge 20Minutos.

El borrador citado por varios medios establece que los ayuntamientos y regiones solo podrán restringir estos alquileres en zonas bajo presión de vivienda, con justificación objetiva y tras demostrar un efecto adverso significativo sostenido durante ese periodo mínimo de tres años.

Las medidas que se aprueben deberán ser proporcionadas, revisarse periódicamente y tener una duración máxima de cinco años, de acuerdo con la información publicada. Bruselas condiciona además cualquier restricción a que no existan alternativas menos restrictivas igual de eficaces.

El marco se apoya en el futuro reglamento europeo de alquileres de corta duración, pensado para retirar anuncios ilegales y mejorar el registro de datos de las plataformas. La Comisión no plantea una prohibición general en la Unión Europea, sino restricciones localizadas en los barrios y municipios donde se acredite la tensión habitacional.

Vivienda habitual, al margen del foco regulatorio

Las informaciones distinguen con claridad el alquiler turístico de la residencia principal, que seguiría sin poder prohibirse de forma general. El objetivo declarado de Bruselas es frenar la profesionalización del negocio turístico en zonas donde reduce la oferta de vivienda residencial, no intervenir sobre el propietario que alquila su vivienda habitual de forma ocasional.

En España, el alcance real dependerá de cómo se traduzca este marco europeo en la legislación estatal y en las decisiones municipales sobre declaración de zonas tensionadas. Por ahora se trata de una propuesta europea, no de una prohibición inmediata ni automática.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Quien explota una vivienda como alquiler turístico en una ciudad con presión habitacional sostenida verá aumentar el riesgo regulatorio a medio plazo, especialmente si posee segundas residencias o gestiona varios inmuebles. Los propietarios de vivienda habitual quedan, según lo publicado, fuera del foco principal de estas restricciones. Conviene seguir de cerca cómo trasladan las comunidades autónomas y ayuntamientos españoles este marco a sus normativas de zonas tensionadas.