Andalucía y el Gobierno evitan pleito por la ley de vivienda

La Junta de Andalucía y el Gobierno central acordaron el 18 de septiembre resolver sus diferencias sobre la Ley de Vivienda andaluza sin acudir al Tribunal Constitucional.
La Junta de Andalucía y el Gobierno central alcanzaron el 18 de septiembre un acuerdo en comisión bilateral que resuelve las discrepancias sobre la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, evitando así un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El pacto afecta a una quincena de artículos de la norma, en vigor desde el 24 de enero de 2026, y se centra en ajustes técnicos e interpretativos más que en una reforma de fondo. Las dos administraciones acordaron que los preceptos cuestionados se apliquen conforme a la normativa básica estatal en materia de contratación pública y régimen jurídico del sector público.
En el capítulo de comunidades de propietarios, el acuerdo fija que la ley andaluza deberá aplicarse siempre en consonancia con la Ley de Propiedad Horizontal, lo que descarta interpretaciones autonómicas que fueran más allá de lo que permite la legislación estatal en este ámbito.
Cambios previstos en el registro
La Junta ha anunciado además una modificación puntual sobre la exigencia de archivo registral del libro del edificio y del certificado energético, dos documentos que suelen pedirse en compraventas y en trámites de comunidad. El ajuste llegará en una norma posterior, todavía sin fecha concreta, pero confirma que el punto había generado dudas de aplicación práctica.
El acuerdo entre Junta y Gobierno no deroga ni suspende ningún artículo de la Ley de Vivienda de Andalucía. La norma sigue en vigor tal y como se aprobó en diciembre de 2025, y lo que cambia es el marco de interpretación de los puntos que generaban fricción entre ambas administraciones.
¿Qué significa esto para los propietarios?
El pacto reduce el riesgo de que la ley andaluza quede en entredicho por una sentencia del Constitucional, lo que da estabilidad jurídica a quien ya aplica sus disposiciones. Los propietarios que gestionan comunidades deben tener presente que cualquier norma autonómica sobre vivienda se aplicará siempre bajo el paraguas de la Ley de Propiedad Horizontal. Conviene además vigilar la futura modificación sobre el libro del edificio y el certificado energético, relevante para quien prepare una venta o un trámite de archivo registral en los próximos meses.
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