El 94,2% de las viviendas españolas gasta mal la energía

El 94,2% de las viviendas en España presenta una calificación energética baja, según un informe de Accumin publicado hoy, 10 de septiembre, y recogido por Idealista.

El dato sitúa a la inmensa mayoría del parque residencial español entre las letras D y G, con la E como calificación más repetida. El análisis se basa en los certificados energéticos registrados por las comunidades autónomas y comunicados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El informe llega justo después de que España, como el resto de los países de la UE, tuviera hasta el 29 de mayo de 2026 para adaptar sus certificados a una escala común A-G. La coincidencia temporal pone el foco en un parque envejecido que ahora debe medirse con un criterio homogéneo en toda Europa.

La normativa europea aprieta el calendario

La Directiva (UE) 2024/1275 obliga a reducir el consumo medio de energía primaria de las viviendas un 16% antes de 2030, tomando como referencia el año 2020. Al menos el 55% de ese ahorro debe conseguirse actuando sobre los edificios residenciales menos eficientes, precisamente el grupo mayoritario que refleja el informe de Accumin.

La hoja de ruta no se detiene ahí: la senda regulatoria apunta a exigencias todavía mayores de cara a 2035, con más intervención sobre los inmuebles peor calificados.

Qué implica el certificado energético

El certificado energético sigue siendo obligatorio para vender o alquilar una vivienda en España, y su etiqueta gana visibilidad en los anuncios inmobiliarios. Su validez general se mantiene en 10 años, salvo para la letra G, que debe renovarse cada 5.

Una vivienda calificada entre D y G, que es el perfil dominante según el informe, queda expuesta a un doble riesgo: perder atractivo frente a compradores e inquilinos cada vez más atentos a la etiqueta energética, y afrontar antes las futuras exigencias de rehabilitación que marca la normativa europea.

¿Qué significa esto para los propietarios?

Si la vivienda tiene una calificación D, E, F o G, conviene revisar el certificado energético y valorar una reforma de mejora antes de que la presión normativa se traduzca en obligaciones concretas. El coste de actuar ahora puede ser menor que quedar atrás en precio y liquidez cuando el mercado y la ley prioricen los inmuebles más eficientes.